Problemas estructurales de la TDT en España

1 04 2008

Tv2

La implementación de la TDT no es menor, entre otras cosas, porque determinará cómo se estructura la Sociedad de la Información en cada país, y con ello, su irrupción debiera tener como objetivos garantizar el pluralismo informativo, multiplicar los actuales canales y operadores del sector, propiciar la diversidad en temáticas y actores, asegurar el acceso a todos los ciudadadanos a la Sociedad de la Información, sin discriminación de territorios ni de niveles de riqueza. Sin embargo, el despliegue de la TDT que se ha iniciado en España, según el informe de la Fundación Alternativas, posee un grave problema estructural, lo que irremediablemente conllevará el "fracaso de la transisión digital" y la "imposibilidad del apagón analógico el 2010".

Un Consejo Estatal Audiovisual es clave para la objetividad y transparencia al momento de otorgar las concesiones o licencias de televisión. Así también, es clave el peso de la TV Pública en los escenarios de transición para asegurar la Misión de servicio público, con todo -en esta etapa- las concesiones privadas están en igualdad de número al menos que la televisión pública regional. "Y menos aún en el ámbito local, en donde las televisiones comunitarias han quedado prácticamente suprimidas y las municipales reducidas a una o, excepcionalmente, a dos ofertas en contadas regiones"."La estructura dibujada para la televisión digital futura a escala regional y local no olamente evidencia esa disminución del peso de lo público, y la marginación casi total del sector asociativo, sino también de forma abrumadora una arquitectura privada clientelar a favor de grupos mediáticos nacionales y locales. Los primeros trasladan así al ámbito regional y local su competencia general en redes fragmentadas según sus gobiernos políticamente cercanos. Las empresas locales agraciadas carecen en muchos casos de experiencia alguna en el campo televisivo y, si comienzan a emitir, tendrán una difícil supervivencia. La combinación caprichosa de ambas tipologías no sólo aumenta el riesgo de fracaso de la transición (con un apagado inverosímil ya en 2008), sino que pervierte todo el sentido social de la televisión de proximidad, y amenaza además con imposibilitar su modelo económico, con la posible generación de un mercado de emisoras de “segunda mano”.

No hay más pluralismo ni más diversidad, lo que ha sucedido es que hay más agentes del sector, " lo que no equivale automáticamente ni a mayor pluralismo informativo ni a una mayor diversidad de contenidos en general", debido entre otras razones a un precario sistema anticoncentración.

Las propuestas por un Sistema Televisivo Democrático que propone Ramírez, apuntan a políticas públicas estructurales que consoliden el sistema digital, expresión de esto es la Ley General Audiovidual y la creación del Consejo Audiovisual. En el plano de la transisión digital es imperativo la participación social intensiva, integración plena de la TDT en los planes de la Sociedad de la Información, cobertura universal total, comercialización transparente, promoción más activa, misión esencial de servicio público, autonomía pública de indicadores de transisión, apoyo sistemátivo a los servicios de la administración electrónica en TDT, apoyo a los sectores sociales desfavorecidos, apoyo especial a las personas con minusvalías, articulación especial con la producción independiente, autorización de servicios de pago.

Los gobiernos socialistas, por su parte, presentan fallos legislativos y han acentuado las lugunas en la actividad regulatoria, han obviado una "Ley General Audiovisual que nunca ha llegado al Parlamento y de un Consejo Audiovisual", más un

diseño apresurado e indebido del escenario televisivo “definitivo” tras el apagón analógico; "sus previsiones anticoncentración nunca han adquirido vigencia legal; el estatuto legal de la televisión comunitaria y sin afán de lucro no se ha desarrollado, dejando desamparada a la más auténtica televisión local".

Enrique Ramírez, autor del informe, atribuye que este fracaso se debe a un intervencionismo sistemático desde los gobiernos del Partido Popular que "bajo la bandera del libre mercado, intentaron manejar y reinventar el sistema televisivo por razones partidistas", "apostaron por el modelo de pago y las concesiones de nuevos canales digitales a empresas amigas, no lograron modificar en absoluto el mercado de televisión, revelando las fronteras precisas de la acción política frente a los usos y demandas de la población…"

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