La defensa del Gobierno Español a Telefónica

30 10 2007

Movil

Insólita. Qué más se puede decir. El Gobierno Español, a través del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio anunció hoy que ha presentado un recurso de anulación contra la decisión de la Comisión Europea de imponer a Telefónica una multa de 151,8 millones de euros por abuso de posición dominante en el mercado español de banda ancha. El problema -más allá de las suspicacias que genera que sea el Gobierno quien cubra las espaldas de una empresa que ha tenido una protegida posición domininate del sector y que, por tanto, aparece asumiendo un papel de defensor de los ingresos de la compañía, más que ponerse al lado de los usuarios- es que el argumento del Ministerio es de forma y no de fondo. Nada dice sobre la impunidad con que han actuado las empresas del sector, la soledad de los ciudadanos ante la amenazante relación que ejercen las operadoras, el desigual acceso a la banda ancha, las tarifas excesivas y la inverosímil velocidad que es ofertado el ADSL español.

Hay una cierta relación oscura entre Gobiernos y Operadoras, Sin ir más lejos, esta semana se conoció en el Reino Unido, que el Gobierno habría "conspirado" en conjunto con las operadoras de telefonía móvil para que el aumento de los costos de la itinerancia sean asumidos por los clientes.

En el caso español, la Comisión Europea acordó imponer a Telefónica una multa de 151,8 millones de euros por un abuso "muy grave" de posición dominante en el mercado español de internet de alta velocidad, al considerar que cobraba a sus rivales precios excesivos por el alquiler de su infraestructura de red y les dejaba un margen de beneficios insuficiente para competir. Bruselas estima que las actuaciones de Telefónica han llevado a los consumidores españoles a pagar un 20% más por el acceso a la banda ancha que el promedio de la UE-15.

El argumento de Industria se basa en las "competencias del Estado español en materia de regulación de las telecomunicaciones y de su organismo supervisor, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT)". Por tanto, la Comisión debería valorar las resoluciones de las CMT y no cuestionar el desempeño de este organismo supervisor, pues estaría vulnerando ciertos principios como de seguridad jurídica y confianza legítima.

La estrategia de la apelación es de forma, trata de delimitar el ámbito de la competencia, pero no es de fondo, no dice nada si efectivamente Telefónica abusó de su posición dominante y si con ello impidió que los ciudadanos, a través de otros actores de la industria en igualdad de condiciones, hayan podido acceder a servicios de Banda Ancha a un precio razonable y con una calidad superior.

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